Más de 40 agrupaciones representantes de sectores sociales, estudiantiles y productivos del país recorrieron las calles de San José y se instalaron frente a Casa Presidencial, en Zapote, exigiendo acciones concretas que protejan el Estado social de derecho en Costa Rica, que cada vez se ve más amenazado.

Las universidades públicas fueron protagonistas de la marcha multitudinaria. La convocatoria desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare) permitió que desde las casas de enseñanza superior se hiciera una proclama pública en defensa del presupuesto y del respeto al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que la Constitución Política determina.

La representación de la Universidad Nacional (UNA) se hizo sentir en las calles desde la Avenida Segunda, en el corazón de la capital, donde inició la marcha. Con globos, pancartas, sombreros y consignas, señalaron la importancia de que se fomente el diálogo y que, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, se genere una ruta clara de diálogo en procura de soluciones a los principales problemas que viene arrastrando el país.

“El país se construye en democracia, en diálogo y la manifestación pacífica es parte de esa consolidación. Levantamos la voz porque el Estado debe garantizar el mayor bienestar posible a toda la ciudadanía y eso incluye mejores condiciones de salud, de educación, seguridad y reactivación económica”, manifestó  Francisco González, rector de la UNA.

Justamente, la necesidad de resolver temas sociales de distinta naturaleza fue la motivación alrededor de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo que hizo el llamado público a esta protesta.La marcha contempló la grave situación de inseguridad ciudadana que vive el país, que, hasta el 24 de octubre , registraba hasta 740 crímenes, todo un récord en los indicadores de violencia, de acuerdo con los registros oficiales.

El aseguramiento de la soberanía y la seguridad agroalimentaria, la protección de los recursos naturales, el respeto a la democracia y a la autonomía de las instituciones fueron parte del menú de denuncias sociales que se plantearon. Junto a ellos, se hicieron reclamos por la falta de políticas claras en materia energética, de acceso a vivienda digna, de justicia económica y tributaria, de generación de empleo (en momentos en que 225 mil personas carecen de un trabajo) y de financiamiento y promoción del arte y la cultura.

“La participación masiva de ciudadanos y de instituciones revalidó la importancia no solo de que Costa Rica preserve las conquistas sociales de décadas atrás, sino que desde el Gobierno y la Asamblea Legislativa se proyecte la visión de un país justo, equitativo y que respeta los derechos humanos, sin ningún tipo de distinción”, concluye un comunicado de prensa de la UNA.  

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