Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.
El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.
Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.
¿Quién paga más?
Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.
Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.
Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión.
“Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.
Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.
Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.
A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.
Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.
Efectos adversos
Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).
Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.
Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.
Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.
“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.
La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.
Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.
En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.
