La Asociación Pro Bienestar del Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores, podría contar muy pronto con un terreno para construir el centro de atención para esa población herediana; el Plenario aprobó dicha autorización en primer debate con 51 votos a favor.
La iniciativa de ley autoriza a la Municipalidad de Flores a segregar y donar un lote de su propiedad a dicha Asociación con la finalidad que se destine exclusivamente a albergar la construcción del Centro de Atención del Adulto Mayor. Además se incluye una cláusula de reversión, en caso de que se varíe el uso del inmueble.
La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado resaltó el apoyo de su bancada y el de otras fracciones a este proyecto que fue impulsado por la entidad municipal. La congresista reiteró el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores.
“Un estudio evidencia que a 5 años la población adulta mayor del distrito de Barrantes en el caserío de San Lorenzo se va a triplicar, de allí la necesidad e importancia de contar con este terreno para construir una infraestructura apta para la creciente demanda; en la actualidad atendemos a más de 50 adultos mayores en un edificio que es prestado, pese a la situación se ejecutan diversos programas y actividades de interés que los involucra como charlas, bingos y manualidades” indicó Ronald Barrantes, Directivo de la Asociación Pro Bienestar del Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores.
Por su parte Gerardo Rojas, alcalde de Flores, dijo sentirse muy satisfecho del pronunciamiento legislativo. Rojas subrayó que el gobierno local siempre está pendiente y anuente a colaborar con la población adulta mayor de los tres distritos del cantón. A su vez reiteró la anuencia de la Oficina de Gestión Comunal en seguir respaldando actividades de interés, concluyó Jorge Rodríguez, Presidente de la Asociación.
El proyecto fue dictaminado el 25 de octubre del 2017 en la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Heredia y como parte de la exposición de motivos se señala “…De esta forma el Estado y las municipalidades están obligados a promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
