Durante la investigación que realizó la Defensoría de los Habitantes, sobre el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, se analizaron 11 programas sociales a cargo de tres instituciones del Estado. Entre ellos, los programa Extramuros e Intramuros de la Dirección Nacional CEN-CINAI; Avancemos, Transferencias Monetarias Condicionadas para personas menores de edad trabajadoras, Asignación Familiar H, Prestación de Alimentos K, Atención a familias y Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del IMAS; programa de Acogimiento Familiar, Becas de Adolescente Madres y Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (CIDAI) del PANI.
No existe duda que todos estos programas están orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y que se han consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional del país, sin embargo, la investigación logró determinar una inadecuada o limitada planificación presupuestaria, así como la carencia de registros administrativos completos y precisos, que incluyan clasificadores específicos para contabilizar a las personas beneficiarias, priorización por regiones, así como de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan garantizar que las asignaciones se utilicen de manera adecuada y oportuna.
“Para la Defensoría de los Habitantes, la falta de estos elementos, generan barreras en el acceso equitativo a los servicios, lo que a su vez afecta la capacidad de las instituciones para cumplir de manera efectiva con sus objetivos programáticos y compromisos normativos. Esta problemática pone en evidencia la relevancia de optimizar la gestión interna para garantizar que los recursos sean distribuidos de manera justa y eficiente».
Ante ello, la Defensoría subraya la importancia de centralizar las transferencias monetarias en el IMAS, para mejorar la coordinación y evaluación de los programas sociales, ya que ha quedado evidenciado que la dispersión de los programas entre diversas entidades dificulta su articulación y la medición de sus efectos en la población beneficiaria.
La centralización, a criterio de la Defensoría de los Habitantes, permitirá, adicionalmente optimizar recursos, fortalecer la gestión administrativa y garantizar una mayor efectividad en la implementación de políticas sociales orientadas a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
“Destaca de la investigación, que el IMAS cuenta con una herramienta para el control, con información unificada, como lo es el SINIRUBE, en donde se obtiene los registros administrativos, los cuales podrían disminuir duplicidad en las transferencias monetarias, ser más eficientes y eficaces, sin eliminar la razón de ser de los programas de cada institución».
Para garantizar la sostenibilidad y efectividad de los programas sociales es fundamental adoptar un enfoque centralizado, que de forma integral incluya la realización de análisis de costeo actualizados, considerando las variaciones en el costo de vida a nivel regional y el impacto de la inflación. Asimismo, resulta crucial establecer indicadores que permitan monitorear de forma continua el desempeño de estos programas en la población beneficiaria, así como llevar a cabo evaluaciones periódicas que faciliten la identificación de áreas de mejora.
En paralelo, es esencial que estos programas se analicen considerando las condiciones específicas de la población destinataria, utilizando herramientas como la ENAHO, que proporciona datos a nivel nacional sobre quienes requieren estos apoyos. Generar evidencia a partir de estos datos permitirá incidir de manera más efectiva en la formulación de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida digna.
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