El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció este miércoles una profunda intervención del sistema penitenciario nacional con la puesta en marcha de una nueva política de administración, orientada a recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro de los centros penales mediante cuatro pilares fundamentales: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.
Como parte de esta estrategia, anunció ocho medidas de aplicación inmediata que deberán ser acatadas por la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección de la Policía Penitenciaria.
La principal decisión establece la eliminación de las visitas íntimas entre privados de libertad, poniendo fin a los traslados que actualmente se realizan entre distintos centros penitenciarios. Esto representa un gasto considerable para los costarricenses y una logística compleja de seguridad que se acaban.
La medida será oficializada mediante un decreto ejecutivo que se encuentra en elaboración.
Asimismo, se prohibirá que un civil realice visitas íntimas a más de un privado de libertad y se abrirán procedimientos disciplinarios contra los funcionarios que autoricen o las faciliten.Durante el anuncio, realizado en conferencia de prensa de Consejo de Gobierno, se informó que incluso se han detectado casos de personas que mantenían visitas íntimas con hasta cuatro privados de libertad diferentes.
«Estas acciones forman parte de una transformación profunda del sistema penitenciario. Nuestro objetivo es recuperar el control de las cárceles, eliminar privilegios, romper estructuras de poder criminal y asegurar que la autoridad del Estado prevalezca en todos los centros penales del país», afirmó el ministro Aguilar.
Como parte del paquete de medidas, también se ordenó:
• El retiro inmediato de todos los televisores de las celdas de los privados de libertad en todos los centros penitenciarios.
• La reubicación inmediata de quienes sean identificados como líderes de ámbitos, los conocidos ‘jachudos’, con el propósito de romper las estructuras de poder y evitar que ejerzan control sobre otros privados de libertad.
• La rotación inmediata de todos los directores de los centros penales del país para evitar arraigos prolongados en una misma administración.
• La rotación y sustitución del personal penitenciario destacado en el ámbito de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma.
• El análisis conjunto, entre la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), de estilos de vida, posibles enriquecimientos injustificados y conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios, con el traslado inmediato de cualquier hallazgo a las autoridades competentes.
• Que todo funcionario penitenciario − policial, técnico o de jefatura − que sea detenido por introducir drogas, artículos ilícitos o colaborar con organizaciones criminales sea recluido en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) al ser considerado parte de dichas estructuras criminales.
El ministro explicó que esta nueva política de administración penitenciaria busca cerrar cualquier espacio que favorezca el fortalecimiento de estructuras criminales, eliminar privilegios incompatibles con el régimen penitenciario y fortalecer los mecanismos de prevención y combate contra la corrupción dentro del sistema.
“En las cárceles no mandan las bandas criminales, no mandan los funcionarios corruptos. En las cárceles manda el Gobierno, manda el Poder Ejecutivo, y así será en adelante», enfatizó.
Con estas disposiciones, el Ministerio de Justicia y Paz reafirma su compromiso con un sistema penitenciario donde el ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de las normas y la integridad institucional sean los principios que orienten la gestión diaria, garantizando que las cárceles respondan únicamente al interés del Estado y de la seguridad de todos los costarricenses.
