A pocos días de finalizar el gobierno de Rodrigo Chaves, los costarricenses valoran positivamente el manejo de la economía y la inversión en infraestructura, mientras que otorgan notas más bajas a la inseguridad ciudadana y al combate a la violencia contra las mujeres.
Otras áreas como salud, protección del ambiente, combate de la pobreza y a la corrupción, poseen opiniones intermedias. Sin embargo, en ninguno de los ítems consultados se obtiene una nota superior a 7 (siendo 10 la calificación más alta).
Estos datos constan en el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
“Economía” tuvo una nota de 6,89, mientras que “infraestructura” y “educación” recibieron un 6,69 y 6,06, respectivamente. En la parte intermedia se ubicaron “salud” (5,94), “protección del ambiente” (5,93), “combate a la pobreza” (5,46) y “combate a la corrupción” (5,46).
En la parte inferior del ranquin aparecen “combate a la violencia contra las mujeres” (5,14) y “seguridad ciudadana” (4,69).
“Esta percepción coincide con la respuesta a la pregunta de cuál es el principal problema identificado que afecta al país. Para un 65.8% de la población se trata de la seguridad ciudadana, mientras que mucho más atrás, aparecen la economía con un 14.4% y los temas políticos e institucionales con un 13.5%».
Para un 64.8% de los encuestados, la situación actual de seguridad del país es “mala/muy mala”. Un 12.3% opina que es “regular” y un 22.7% la califica como “buena/muy buena”.
“El pesimismo que abunda en forma mayoritaria en este tema se traslada también al comparar la seguridad ciudadana hoy con respecto a 12 meses atrás. Un 54.6% considera que está “peor/mucho peor” y un 26.7% la ve “mejor/mucho mejor”. Para un 18.3% se mantiene “igual”.
Al cierre de la actual administración, las opiniones lucen divididas al valorar la capacidad del gobierno de solucionar el principal problema que afecta al país. Un 33.9% le ve “mucha capacidad”, frente a un 31.7% que más bien le etiqueta “poca capacidad”. El 17.3% matiza su respuesta al indicar que tiene “alguna capacidad” y un 6.7% no le ve “ni mucha ni poca capacidad”.
Logros y calificaciones
La encuesta del Idespo-UNA solicitó a la población calificar la labor de jerarcas del actual gobierno. Quien obtiene las valoraciones más altas es el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con nota de 6,70 de 10.
Un análisis retrospectivo del apoyo ciudadano al presidente Chaves, desde setiembre 2022 hasta la actual encuesta, refleja oscilaciones en el apoyo, que van desde un máximo de 7,7 (setiembre 2022), hasta el 6,5 obtenido en marzo 2024 (su nota más baja). Luego comenzó a crecer hasta alcanzar un 7,03 en noviembre de 2025 y ahora baja al 6,7 al cierre de su gestión.
“Otras figuras del gobierno obtienen calificaciones entre medias y buenas, como son los casos de Efraím Zeledón, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con un 6,44, la ministra de la Presidencia y actual presidenta electa, Laura Fernández con un 6,42, el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora con un 6,26, el ministro de Educación Pública José Leonardo Sánchez con un 6,18 y la ministra de Salud, Mary Munive, con un 6,07″.
A pesar de ello, en una escala de 1 a 10, Munive es la actual jerarca que los costarricenses menos conocen por su labor con un 9,4. Le siguen los ministros del MEP (7,1), el MOPT (6,1) y el de Seguridad Pública (5,2).
En cuanto a logros del gobierno saliente, más de una cuarta parte de los encuestados (27.4%) dice que “no tiene logros” o “no logra identificar un logro”. Quienes sí lo hacen señalan que “infraestructura y obra pública” con un 14.8%, seguido de “combate a la corrupción” con 13.8% y “estabilidad económica y manejo macroeconómico (11.4%).
La encuesta también se adentró en la opinión ciudadana sobre algunas acciones emprendidas por el gobierno y su eventual apoyo o rechazo. La que más adeptos obtuvo son “las críticas realizadas por el Presidente al Poder Judicial”, con un 52.9%. Este es el único enunciado que recibió una mayoría de opiniones afirmativas.
Las “críticas realizadas por el Presidente al Poder Legislativo” recibieron un respaldo del 46.1%, seguidas de “la forma en que el Presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones públicas (41.5%).
“El apoyo decae ante otros planteamientos que ha expuesto el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, sobre la propuesta de vender activos del Estado para pagar deuda pública, solo la apoya un 36.7%. Y los porcentajes bajan aún más cuando se trata de valorar “la manera en que el gobierno ha manejado la crisis de médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social” (24.5%) y “la posición del gobierno de no pagar la deuda que tiene con la Caja (13.2%)».
Para los investigadores del Idespo-UNA estos resultados exponen el conflicto en el sistema institucional costarricense. “Esta estrategia política de dirigirse a los poderes de la República refleja una tendencia hacia el debilitamiento de contrapesos y da cuenta de la polarización discursiva”.
Sobre la confianza que la ciudadanía otorga a las instituciones, encabezan el listado las universidades públicas (7,3 de 10), las empresas privadas (7), la CCSS (6,9), el Tribunal Supremo de Elecciones (6,7), la iglesia Católica (6,2), la Defensoría de los Habitantes (6,2), los medios de comunicación (6,1) y la Contraloría General de la República (6). Las notas más bajas fueron para los sindicatos (4,8) y los partidos políticos (4,5).
“En el caso de los poderes de la República, el informe hace un recuento desde setiembre de 2022 a la fecha. En todos los casos, se percibe un declive. De aquel momento a ahora, el Poder Ejecutivo pasó de 7,2 a 5,9. El Poder Judicial bajó de 6,7 a 5,6 y la Asamblea Legislativa descendió de 6,2 a 5″.
Finalmente, en el análisis del tejido social, una mayoría (72,6%) estima que la riqueza del país está distribuida en forma “injusta/muy injusta”, frente a un 18.9% que la valora como “justa/muy justa”.
Más de la mitad de la población, un 56.6%, dice que “no siempre dicen lo que piensan”, frente a un 31.7% que sí lo hace. Para un 50.2%, incluso, “el expresar públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podría generarle consecuencias negativas”.
