El futuro del sistema de pensiones del país requiere ya de una discusión pública, profunda y reposada que salvaguarde el derecho humano de acceso a una pensión digna tanto de las personas adultas mayores, como de aquellas personas en estado de vulnerabilidad y con derecho a suceder al titular o bien, aquellas personas que por circunstancias de la vida estuvieren en un estado de invalidez; ese es el llamado que efectúa la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; JUPEMA estima que se requiere del esfuerzo conjunto de todos los entes involucrados.

El sistema nacional de pensiones atraviesa por un momento donde se requiere de una visión clara, y un diálogo abierto, franco y decidido que favorezca la toma de decisiones para robustecerlo y asegurar la tranquilidad a nuestros ciudadanos. Hoy en día el 40% de nuestros adultos mayores no tiene pensión, y se espera que ese porcentaje se incremente. El país debe comenzar una discusión pública reposada a favor de proteger el derecho a la pensión de las personas y garantizando un sistema financieramente sostenible a lo largo del tiempo”, dijo Carlos Arias, director Ejecutivo de JUPEMA.

Los retos que se enfrentan se basan principalmente en la sostenibilidad financiera de los regímenes existentes (atenuada a diversos factores) y la situación demográfica costarricense. En el aspecto demográfico, el país enfrenta un proceso gradual de envejecimiento, según el MIDEPLAN, para el 2050 la población mayor a los 65 años será del 20.72% (más de 2 costarricenses por cada 10), lo que provocará que el sistema de pensiones deba otorgar y sostener más pensiones que garanticen una adecuada calidad de vida. A eso se une la reducción gradual de la natalidad, lo que enciende alertas por el impacto a los fondos de pensiones a consecuencia de una generación de trabajadores menor.

Para compensar estos desequilibrios, se amplió la diversificación de inversiones de los fondos de pensiones para generar mayores ingresos y fortalecer sus reservas. Precisamente el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), a través de la Ley 10.078, logró el aval para invertir en el extranjero y en infraestructura de obra pública y privada.

Arias recalcó que sí es posible administrar con éxito un fondo de pensiones, y que en ello el RCC es un ejemplo. Hoy por hoy, es el fondo de pensiones más grande del primer pilar, con una reserva de ¢4 billones.

Otro elemento adicional es una serie de iniciativas de Ley en la Asamblea Legislativa que buscan introducir cambios en algunos de los regímenes de pensiones, lo que no necesariamente implementan una visión de fortalecimiento del sistema, y se deben revisar, no al calor del populismo o la necesidad fiscal, sino en atención al derecho de una vida digna amparada por la seguridad social, de quienes alcanzan la edad de retiro. Además, ha surgido una discusión sobre la conveniencia o no de las pensiones universales para quienes no han cotizado al sistema, cuyo reto es cómo lograr su financiamiento, sin menoscabo ni detrimento de la pensión básica del primer pilar.

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