La Defensoría de los Habitantes emitió criterio ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley «Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026 y Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.º 10.836», expediente legislativo N.º 25.803.
“El proyecto ajusta ingresos, egresos y fuentes de financiamiento del Presupuesto Nacional ante una disminución certificada de los ingresos tributarios previstos por ₡373.390,80 millones, lo que genera una reducción neta del presupuesto de ₡167.968,23 millones. Para compensar esta menor disponibilidad, la iniciativa combina rebajas de gasto, reintegros de superávits institucionales y una sustitución de ₡265.868,64 millones destinada a mantener compromisos ya autorizados del servicio de la deuda y de los regímenes de pensiones».
Trazabilidad de los reintegros sociales
El proyecto incorpora recursos provenientes de reintegros y superávits de instituciones públicas, incluidos ₡14.483,28 millones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que se redistribuyen para financiar programas de salud, vivienda, cuidados y protección social.
La Defensoría indicó que la documentación disponible no permite determinar si estos superávits responden a economías efectivas en la ejecución o a dificultades administrativas que impidieron ejecutar oportunamente los fondos, especialmente en programas de vivienda y asistencia social donde BANHVI e IMAS concentran cerca del 96% de los reintegros FODESAF. Por ello, recomendó solicitar al BANHVI el detalle de proyectos habitacionales, expedientes pendientes y plazos de adjudicación mientras que al IMAS la identificación de beneficios, hogares elegibles y motivos de no ejecución, antes de valorar el impacto real sobre la población destinataria.
“Para la Defensoría los ₡10.327,27 millones destinados a la CCSS para el aseguramiento estatal son relevantes, pero indica que la transferencia por sí sola no equivale automáticamente en una atención oportuna, por lo que se debe requerir de datos precisos sobre personas efectivamente cubiertas, obligaciones financieras pendientes, continuidad de la afiliación y la eventual incidencia de otras rebajas sobre la disponibilidad de consultas, medicamentos y tratamientos. Por otro lado, el cambio de fuente de financiamiento por ₡153.544,87 millones para intereses de la deuda pública considera la Defensoría que no representa un gasto nuevo pero merece seguimiento sobre tasas, plazos y costos futuros».
Además, la Defensoría llamó especial atención sobre una rebaja de transferencias corrientes al Tecnológico de Costa Rica, que según esa institución asciende a ₡492,88 millones y afecta el financiamiento de su Centro Académico de Limón, sede que atiende a 417 estudiantes de tres carreras y cuenta con cerca de 30 personas funcionarias. Para la Defensoría es importante que la comisión legislativa pida con urgencia al Ministerio de Hacienda y al TEC, la información técnica sobre la composición del superávit, los compromisos existentes y la compatibilidad del recorte con los artículos 22, 23 y 24 de dicha ley, que protegen el financiamiento de las sedes regionales universitarias.
“Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias, y derechos que deben ser protegidos. Por eso es importante conocer por qué existen fondos sin ejecutar, cuáles necesidades siguen pendientes y sobre todo, cómo se garantizará la continuidad de los servicios”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
La Defensoría de los Habitantes recomendó a la Asamblea Legislativa requerir al Ministerio de Hacienda, a DESAF y a las instituciones involucradas información comparable sobre ejecución, metas, causas de los reintegros y población beneficiaria y pendientes, detalle de las rebajas y el costo del financiamiento, antes de valorar los efectos definitivos de la iniciativa sobre la garantía de los derechos humanos, en observancia de los principios de igualdad, progresividad, no regresividad y uso del máximo de recursos disponibles.
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