«Tener paradas más cerca”, “garantizar espacios reservados amplios, seguros y con cinturón de seguridad”, “instalar timbres accesibles, a baja altura y con relieve”, “tener rampas que funcionen en los buses”, “que nos respeten los asientos preferenciales”; son algunas de las solicitudes que hacen las personas con discapacidad, usuarias de bus para mejorar su independencia y seguridad en el uso de este medio de transporte.
Además, piden una mejor atención y sensibilidad de choferes y pasajeros, así como anuncios auditivos y facilitar la información sobre la ruta, paradas y tarifas.
Estas solicitudes fueron recopiladas por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica a la población con discapacidad residente en Limón, en el marco de un proyecto de investigación que realizan para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
“El estudio concluye que para asegurar la inclusión de las personas se requieren acciones integrales en la infraestructura (paradas, rampas), asegurar vehículos accesibles y funcionales, capacitar de manera continua al personal, ofrecer información adaptada y garantizar rutas y horarios que respondan a las necesidades reales de esta población», destaca el comunicado de prensa.
Las principales brechas señaladas en la investigación son:
- Mejorar la atención a las personas con discapacidad por parte de funcionarios y personal de las empresas de bus.
- Garantizar que las empresas implementen e incorporen mecanismos efectivos dentro de las unidades y las paradas como anuncios auditivos, señalización en braille, lectura fácil y timbres a una baja altura y con relieve, que permitan acceder a la información sobre rutas, paradas y tarifas.
- Implementar programas de sensibilización continúa para todas las personas, que permitan desarrollar comprensión sobre las necesidades y vivencias de las personas con discapacidad.
- Incorporar en los esquemas operativos del CTP instrumentos que estandaricen la atención y la seguridad de las personas con discapacidad en el transporte público, para aplicar la accesibilidad universal, procedimientos de asistencia y promover la generación de capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
- Evaluar la efectividad de las acciones que realice cada institución para la implementación de la Política Nacional de Discapacidad.
- Proponer un esquema interinstitucional de coordinación y seguimiento entre los entes reguladores, fiscalizadores y promotores de Derechos Humanos que incluya instituciones públicas de defensa de la población con discapacidad y Organizaciones No Gubernamentales, para propiciar la accesibilidad y la movilidad inclusiva.
- Impulsar un enfoque de diversidad de discapacidades en normativas, diagnósticos y estrategias del sector transporte, para garantizar la representación de personas con distintos tipos de discapacidad en los diferentes procesos de toma de decisiones.
- Promover la articulación interinstitucional en los territorios para el abordaje, gestión, evaluación y seguimiento del proceso de prestación del servicio de transporte en autobús.
- Fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las competencias institucionales con la finalidad de garantizar las condiciones adecuadas de las disposiciones sobre accesibilidad en el transporte en autobús, con una perspectiva más amplia de los tipos de discapacidad.
- Respetar la ley 7600 para garantizar la accesibilidad.
Gabriela Prado, directora de Atención al Usuario de ARESEP, señaló que:
“La regulación de servicios públicos debe ser capaz de reconocer a las personas con sus diferencias y necesidades, solo así el servicio público será garante de la equidad y justicia social”.
