Nuevas instalaciones, mantenimiento de edificaciones, mobiliario y equipo tecnológico y científico para beneficio de las personas estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) serán posibles, de aprobarse un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa. 

Justamente, esta semana se dio un avance fundamental en esa línea. Gracias a la ingente labor de las autoridades de la Universidad Nacional y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) se aprobaron dos mociones al proyecto de ley 23.330 que modifica la Ley 9.635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

Tales modificaciones permitirán a las universidades estatales, por un lado, utilizar recursos derivados de superávits y que no han podido utilizarse en cumplimiento de la regla fiscal contenida en la Ley 9.635, la cual impone un techo a los recursos que las instituciones puedan ejecutar. 

Por otra parte, se aprobó una moción que permite a las universidades públicas que aquellos recursos originados por estas mismas casas de enseñanza superior no se vean afectados por los límites de ejecución contenidas en la regla fiscal. Puntualmente, la moción aprobada indica que quedarán excluidos “los gastos realizados por las universidades públicas con recursos propios, obtenidos por ventas de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los recibidos de sus fundaciones”.

Avance significativo

Para Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA), la aprobación de estas mociones resulta un logro significativo dentro de las aspiraciones de las universidades de aprovechar recursos con los que ya cuentan y ponerlos al servicio de la población estudiantil.

Son recursos que las universidades ya tenemos y, por lo tanto, no estamos generando un peso mayor al presupuesto del Estado costarricense. Por el contrario, todas estas inversiones van a contribuir al desarrollo y formación de las personas estudiantes y a la reactivación económica del país”, resaltó el rector.

Asimismo, González destacó el trabajo en equipo y el apoyo de la Vicerrectoría de Administración, así como de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo técnico que impulsó este avance legislativo.

Ahora, el proyecto deberá pasar a conocimiento de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y aprobarse en primer y en segundo debate. Luego deberá ser firmado por el Poder Ejecutivo para su publicación como Ley de la República. 

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