La administración Alvarado Quesada firmó la ley que fue aprobada en segundo debate por 35 diputados «Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos» (Ley N° 9808); la normativa declara ilegal las huelgas en los servicios públicos esenciales cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública.
Otra de las acciones es que se suspenderá el pago de los salarios de los trabajadores que participen en estos movimientos. En ese contexto, será un juez quien emitirá una resolución razonada y que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión la reposición del salario de los trabajadores en caso de que el movimiento de huelga sea declarado legal.
La reforma contempla algunos cambios significativos al Código de Trabajo como permitir la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
“Esta legislación brindará claridad sobre el alcance del ejercicio de la libertad sindical, es una regulación equilibrada y balanceada que permite a los trabajadores manifestarse en libertad sin afectar el derecho del resto de los ciudadanos”, subrayó el mandatario Carlos Alvarado.
“Más que consagrarse un derecho, se generó una enorme impunidad para un grupo que abusaba de la mayoría, pisoteando sus derechos a la salud y a la educación, entre otros. Esta nueva ley establece un equilibrio, un nuevo balance, para que la huelga siga siendo un derecho, pero sin permitir que unos pocos abusen de la mayoría”, resaltó el diputado Carlos Ricardo Benavides, quien fue el impulsor de la iniciativa de ley.
Por su parte, la ministra de Trabajo y de Seguridad Social, Geannina Dinarte, dijo que, si bien la huelga es un derecho reconocido en el Código de Trabajo concebido para toda persona trabajadora en nuestro país, “reiteramos nuestro llamado desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a recurrir a la vía del diálogo social como la herramienta fundamental para el mantenimiento de nuestra democracia y de la paz social que caracterizan a Costa Rica”.
