La Defensoría de los Habitantes le expresó a la Asamblea Legislativa su apoyo a la iniciativa para el bloqueo de la señal de celular en los centros penitenciarios, sin embargo, advirtió que debe asegurarse que las poblaciones aledañas no vean interrumpidas su derecho a la comunicación con la aplicación de la medida.
En un reciente criterio emitido, la Defensoría afirma que es procedente legal y
constitucionalmente la posibilidad de impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de las cárceles del país.
Pese a ello, enfatizó en la necesidad de garantizar que las acciones técnicas a realizar por parte de las empresas operadoras de telecomunicación para el bloqueo o inhibido de la señal no vayan en detrimento del derecho que tienen las personas usuarias que habitan en las cercanías, porque el Estado está en la obligación de garantizarles el servicio de telefonía.
“Existe un derecho de las personas privadas de libertad de ejercer periódicamente su derecho de comunicación e información con sus familiares o con medios externos, no obstante, estos derechos pueden ser regulados por el Estado de tal forma que garanticen la seguridad pública, la prevención en la comisión de delitos, el orden y la disciplina interna de los centros penitenciarios; limitar el acceso a las personas privadas de libertad a la telefonía inalámbrica no constituye violación al orden constitucional ni convencional”, indicó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
El texto del proyecto de ley, que ya ha sido aprobado en primer debate, refiere a la
modificación de varios artículos de la Ley General de Telecomunicaciones, pretendiendo con ello incluir dentro de las obligaciones de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, la adopción y la aplicación de procedimientos y soluciones técnicas que impidan la prestación de servicios inalámbricos de telefonía dentro de los centros penales.
Y es que el tema del uso de celulares en los centros de privación de libertad generan una serie de cuestionamientos, ya que existen denuncias de intentos de estafas telefónicas desde estos centros. La Policía Penitenciaria corroboró mediante una reciente requisa en La Reforma el tráfico ilegal de estos productos; en el operativo decomisaron una importante cantidad de celulares, algunos de ellos escondidos en paredes del área de servicios sanitarios, esto con la intención de burlar a las autoridades.
